REFORMA LABORAL
Crece la tensión por los aportes y el financiamiento de cámaras empresarias
Gobierno, empresarios y gremios analizan posibles cambios al proyecto oficial, con foco en el artículo 128 y el impacto que tendría sobre las entidades que representan al sector privado.
Empresarios, dirigentes de cámaras y asociaciones, junto con funcionarios del Gobierno, siguen de cerca por estas horas las negociaciones y eventuales modificaciones al texto del proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso.
Entre los puntos más sensibles del articulado se encuentra el régimen de aportes que reciben tanto los sindicatos como las entidades gremiales empresarias. En particular, el artículo 128 generó una fuerte preocupación entre las cámaras que representan al sector privado, ante el riesgo de que su aplicación derive en un desfinanciamiento casi total de estas instituciones.
Desde el ámbito empresario advierten que, mientras los gremios mantendrían sin cambios sus mecanismos de financiamiento, las cámaras quedarían sin una fuente de ingresos equivalente, lo que provocaría un marcado desequilibrio en el escenario laboral. Según señalaron referentes del sector consultados por la Agencia Noticias Argentinas, esta asimetría afectaría seriamente la capacidad de representación del empresariado.
En ese sentido, plantean la necesidad de que los aportes obligatorios de los que gozan los sindicatos tengan una correspondencia razonable en las asociaciones que representan a las empresas, sin afectar el funcionamiento de la actividad gremial empresaria. La preocupación es particularmente fuerte entre las pequeñas y medianas empresas del interior del país, que encuentran en estas entidades un canal institucional para expresar sus demandas y participar en el debate laboral.
Las cámaras empresariales explican que los aportes que reciben se destinan a la representación colectiva, la capacitación de las empresas y la participación en las negociaciones paritarias, conformando así el esquema de financiamiento que les permite actuar como interlocutores válidos frente al Estado y los sindicatos.
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